Chevron in Ecuador

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Sentencia de Caso "RICO" No Detiene las Acciones de Cobro de las Victimas de Chevron

UDAPT
4 March 2014 - FOR IMMEDIATE RELEASE
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La condena emitida por el Juez norteamericano Lewis Kaplan, que señala a los demandantes ecuatorianos contra Chevron como una organización conformada para extorsionar a la petrolera, no tiene valor jurídico alguno y no repercutirá en las acciones de ejecución de la sentencia impuesta a la petrolera, por los daños ambientales provocados en Ecuador.

Quito, Ecuador – La decisión del juez Lews Kaplan en favor de Chevron – que condena a los moradores de la Amazonía ecuatoriana y a sus representantes – constituye una burla al Estado de Derecho, y no servirá para mitigar el riesgo que enfrenta la petrolera ante el inminente cobro de la sentencia dictada en su contra por la justicia ecuatoriana, sostiene Juan Pablo Sáenz, abogado de los indígenas y colonos que vencieron a la petrolera en las cortes ecuatorianas.

Para Sáenz, el pronunciamiento de este juez estadounidense es equivocado y no refleja ni los hechos ni la ley, resaltando la larga lista de prejuicios personales que Kaplan ha demostrado en toda ocasión contra los ecuatorianos y sus abogados. "La decisión de Kaplan constituye una ofensa a los principios básicos de la jurisdicción, el debido proceso y la cortesía internacional", afirmó.

Abogados nacionales y extranjeros de las víctimas de Chevron sostienen que no existe fundamento jurídico para que un juez de primera instancia de un país, pretenda bloquear o entorpecer la ejecución de una sentencia firme de un país diferente, por lo que el juez Kaplan debió desestimar el caso RICO por falta de jurisdicción.

Estiman que Kaplan permitió que Chevron abuse del sistema de justicia civil estadounidense en un intento desesperado por eludir el pago impuesto por la justicia ecuatoriana competente, en el cual se presentó abundante evidencia científica que comprobó la culpabilidad de la petrolera al provocar uno de los peores desastres ecológicos en la historia de la humanidad. Este elemento fundamental no fue analizado en el juez norteamericano – por el contrario, Kaplan prohibió expresamente cualquier alusión a daños ambientales o el juicio en Ecuador, violando así el legítimo derecho a la defensa de los ecuatorianos.

"La arrogancia del Juez Kaplan le ha hecho pensar que está facultado, y calificado, para cuestionar el derecho ecuatoriano y las decisiones de sus jueces, y juzgar a ecuatorianos", dijo Sáenz. "El hecho simple e irrefutable es que Kaplan no tiene jurisdicción alguna sobre los ciudadanos ecuatorianos. Su ilegítima sentencia será apelada ante un tribunal superior en Estados Unidos. Las comunidades demandantes ecuatorianas están tranquilas, pues la sentencia de Kaplan no tendrá ninguna validez en las jurisdicciones donde la sentencia ecuatoriana está siendo ejecutada", aseveró el abogado de las comunidades.

Fundamentos que invalidan la resolución del Juez Lewis Kaplan:

  • Bajo la ley RICO, los jueces no pueden dictar medidas cautelares como efectivamente ha hecho Kaplan. Este principio ha sido reconocido por los propios abogados de Chevron, varios jueces, y el Departamento de Justicia de los EEUU.
  • El mandato judicial en sí es ilegal porque viola los principios de cortesía internacional que obligan a los tribunales de un país a respetar las decisiones de los tribunales de otro.
  • Las pretensiones de Chevron no tienen cabida bajo la Constitución de los EEUU.
  • Chevron no ha podido demostrar que ha sufrido un perjuicio real a mano de sus acusados. Lo que sí se ha demostrado judicialmente es que la petrolera es responsable de la contaminación, por lo que no cabe una medida cautelar para liberarla de responsabilidad.

La decisión del juez Kaplan es incorrecta en los hechos:

  • Todas las pruebas de supuesto "fraude", presentadas por Chevron fueron analizadas y rechazadas por los tribunales del Ecuador. Durante el juicio en los tribunales ecuatorianos se determinó que la petrolera participó en una remediación fraudulenta y trató de engañar y corromper a la administración de justicia durante el juicio.
  • Chevron se rehúsa a la abrumadora evidencia científica analizada por los tribunales del Ecuador, quienes determinaron la responsabilidad de la compañía por los daños ambientales.
  • La falsa acusación de que el juez ecuatoriano fue "sobornado" se basa en el testimonio de un solo testigo: un reconocido estafador y mentiroso, al que Chevron está pagando más de $ 350 mil USD en compensación.

Parcialidad manifestada por el juez Kaplan

El juez Kaplan no condujo un juicio justo. Reconocidos abogados de los EEUU como John Keker, sostienen que el Juez permitió y hasta propició la degeneración del proceso. Este prestigioso abogado estima además que Kaplan mostró una "implacable hostilidad" hacia Donziger, colaborador cercano de los demandantes amazónicos.

Antes del inicio del juicio RICO, Kaplan señaló que el proceso ecuatoriano no fue más que una farsa, poniendo en tela de duda la existencia misma de las víctimas ecuatorianas, a lavez que profería despectivos comentarios sobre el país sudamericano y su administración de justicia.

El juez Kaplan les arrebató a los ecuatorianos el derecho a un juicio justo. Lo mismo hizo con Steven Donziger. Cerró las posibilidades de que fueran escuchados por un jurado imparcial, tomando para sí la determinación de los hechos. Tampoco permitió que Donziger demande a Chevron por usar la ley RICO para encubrir sus propios crímenes y fraudes.

El juez Kaplan ha negado a los acusados el derecho de presentar cualquiera de las pruebas científicas en las que se basaron las cortes ecuatorianas para condenar a Chevron.

La posición de los acusados ecuatorianos

Las víctimas de Chevron apelarán la decisión de Kaplan, y buscarán una medida inmediata para suspender sus efectos. Continuarán impulsando, asimismo, las acciones destinadas a hacer cumplir la sentencia en contra de Chevron en los países donde la transnacional posee activos. Hasta el momento, acciones de ejecución se encuentran pendientes en Canadá, Brasil y Argentina.

En cada país, las acciones de ejecución presentadas por los ecuatorianos están apoyadas por las leyes de cada jurisdicción.